Repùblica Dominicana.-Massiel Guerra Valenzuela, prima de la joven asesinada Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, exigió una condena ejemplar contra el responsable del hecho, al reclamar que “no vuelva a ver el sol”.
La joven Licairis tenía 25 años y perdió la vida luego de recibir un disparo mientras se encontraba en el parque Mirador Sur, en la capital, junto a su pareja, nativa de Peralta, provincia de Azua.
De acuerdo con informaciones preliminares ofrecidas por las autoridades, el hecho se produjo tras una discusión entre la víctima y su acompañante, que se habría originado luego de que la joven recibiera una llamada telefónica.
Según el reporte, el hombre le exigía revisar el contenido de la llamada, lo que derivó en un forcejeo.
En medio del altercado, la joven recibió un disparo por la espalda, con salida por el rostro, lo que le provocó la muerte de manera inmediata, según confirmaron las autoridades que acudieron al lugar.
El hecho ocurrió ante la sorpresa de personas que se encontraban en el parque al momento del incidente, una de las áreas recreativas más concurridas de la capital.
El presunto responsable fue identificado como Samuel Elías Céspedes, de 43 años, teniente coronel del Ejército de la República Dominicana, quien se encontraba con la víctima al momento del suceso.
Las autoridades confirmaron que el oficial fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes, mientras se profundizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.
Familiares de la víctima denunciaron que se trató de un acto de violencia extrema y exigieron que el caso sea tratado con todo el rigor de la ley, sin privilegios ni consideraciones especiales por la condición militar del imputado.
“Queremos justicia, una condena que no le permita volver a ver la luz del día”, expresó Massiel Guerra Valenzuela, visiblemente afectada por la pérdida.
El caso ha generado consternación y reavivado el debate sobre la violencia de género y el uso de armas de fuego, así como la responsabilidad de los cuerpos armados. Organizaciones sociales y ciudadanos han comenzado a exigir que se apliquen sanciones ejemplares y que se garantice un proceso transparente.
Mientras avanzan las indagatorias, el Ministerio Público continúa recabando evidencias, entrevistando testigos y realizando los peritajes balísticos correspondientes.
Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre la medida de coerción que será solicitada contra el imputado.
