Santo Domingo.–La jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, conoce en estos momentos la solicitud de medida de coerción contra Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, y su hermana Maribel Espaillat, administradora del establecimiento.
Desde tempranas horas de la mañana, un amplio dispositivo de seguridad fue desplegado en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para garantizar el orden durante la audiencia.
Parte de los agentes de la Policía que fueron desplegados en el Palacio de Justicia durante la audiencia de coerción contra el empresario Antonio Espaillat, dueño del Jet Set.
El abogado Ángel Lockward, representante legal de más de 20 víctimas, informó que las demandas por indemnización superan los 10 mil millones de pesos.
“Hay que pensar en un grupo del que poco se habla: los huérfanos. Son 130 niños que perdieron a sus padres, quienes les aseguraban el futuro, y hoy no saben qué les espera”, expresó el jurista.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, por su presunta responsabilidad penal en el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido la noche del 8 de abril de 2025, durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en el suceso.
La tragedia dejó un saldo de 235 muertos y más de 180 heridos.
El expediente fue firmado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, junto a los fiscales Héctor García, Magalys Sánchez, Enamuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria.
Los fiscales acusan a los imputados de violar los artículos 319 y 320 del Código Penal, que sancionan el homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias.
Tras el colapso, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se presentó en el lugar e instruyó la preservación de la escena y los escombros para fines de investigación.
Posteriormente, el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), general retirado Juan Manuel Méndez García, entregó el lugar al Ministerio Público una vez concluidas las labores de rescate.
Fuente: elnacional.com