Santo Domingo.-El Ministerio Público solicitó este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que Alexis Medina, principal imputado el la denominada operación Antipulpo, sea condenado a 20 años de prisión y el decomiso de sus bienes en favor del Estado, considerando que hay pruebas suficientes que lo vinculan como líder de la presunta red que sustrajo del erario público con casi cinco mil millones de pesos.
El órgano acusador también pidió al juzgado que Medina sea sancionado con una multa de 400 salarios mínimo y que cumpla la pena de dos décadas en la cárcel de Najayo.
Se le acusa de realizar maniobras fraudulentas para apropiarse de los fondos públicos a través de estrategias y en contubernio con exfuncionarios y testaferros.
Según la acusación, Medina utilizó su influencia política para obtener licitaciones irregulares en instituciones gubernamentales, especialmente en el sector salud, mediante empresas de su propiedad o vinculadas a él, las cuales facturaban servicios y bienes con sobreprecios o sin justificación comercial real.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como una estructura de criminalidad organizada.
Entre las supuestas pruebas presentadas se incluyen reportes financieros, registros de transacciones sospechosas y testimonios que demuestran cómo el dinero público fue canalizado a cuentas privadas y compañías de fachada.
Los demás procesados son Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe);
Magalys Medina, hermana de Alexis y vicepresidenta del Fonper; el exfiscalizador de esa institución, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez; Julián Esteban Suriel Suazo; el excontralor general, Rafael Antonio Germosén Andújar; Domingo Antonio Santiago Muñoz; Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo, entre otros.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, y uso de documentos falsos.
Asimismo, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencias, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, falsedad en escritura pública, falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación y uso de prestanombres.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, y uso de documentos falsos.
Las juezas que conocen este juicio de fondo son Claribel Nivar, Clara Castillo y Giselle Soto. Los procesados son 40 personas, entre físicas y jurídicas.
