Al día siguiente del derrumbe de la infraestructura privada, la dependencia envió una comisión al lugar para evaluar la situación.
Luego de una inspección detallada, las autoridades constataron que los constructores del edificio no tenían una licencia de construcción y que, adicionalmente, incumplieron con diversas normativas y especificaciones técnicas de diseño y seguridad.
A través de un comunicado de prensa, el Mived explicó que estaban utilizando “hormigón de baja calidad en las columnas principales” y que se notaba la ausencia de serpentinas en los muros de mampostería y de zonas de confinamiento en las vigas.
La obra tampoco contaba con planos ni licencia de construcción aprobados por la institución. Tampoco existen, según el rubro, registros oficiales ni de inspección ni de aprobación de la misma.
Tras percatarse de todas estas irregularidades, el ministerio ordenó la suspensión de la obra, al considerarla como una construcción ilegal y “un peligro para la seguridad de sus trabajadores, de los vecinos de la zona y de posibles futuros habitantes en una edificación ilegal fuera de controles de calidad en diseño y ejecución”.
En la misiva se acota que Johnny del Rosario, responsable de la construcción, ya fue notificado de la medida. “En tal sentido, se tramitarán ante el Ministerio Público todas las pruebas recabadas para que los responsables rindan cuentas ante la justicia por incumplir con los reglamentos establecidos, y por los daños materiales y potenciales peligros de sus acciones”, dictó el documento.
Finalmente, el Mived reiteró que condena toda práctica de construcción ilegal, al tiempo que realizó un llamado a la población a denunciar cualquier tipo de obra “que no cumpla con las aprobaciones, permisos y licencias de lugar”.