El documento, de poco más de 2 mil páginas, detalla que el funcionario y aspirante a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), es el «supuesto propietario» junto a otras personas de una porción de terreno en la parcela 613, del Distrito Catastral número 32, municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo; amparada en el certificado de título 46572, con una extensión superficial de 168,966.00 metros cuadrados, expropiada mediante el decreto núm. 1159, de fecha diecinueve (19) de
septiembre del año 1955.
Señala hoy.com que de acuerdo a la lista de los beneficiarios, en la que también aparece el abogado y economista Ángel Lockward, Torres supuestamente recibió RD$32,065,992.00.
«En tanto que el imputado Ángel Gilberto Lockward Mella recibió más de ciento cincuenta millones de pesos dominicanos (DOP 150,000,000.00), pagados a título personal y mediante interpósitas personas, como la razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Joar Emil Ortiz Hernández, y Mérido de Jesús Torres Espinal», señala la acusación del órgano persecutor.
“Estas supuestas deudas, eran reconocidas mediante cesiones de créditos que carecen de fecha cierta y que no habían sido notificadas a la institución ejecutora, es decir, a la Dirección General de Bienes Nacionales, al momento de la elaboración y firma del acuerdo transaccional.
Sin embargo, las acreencias de estas deudas fueron establecidas en la distribución programada para el primer pago, hasta un 80% de su valor”, detalla el expediente.
Mérido se puso a disposición de la Justicia.
En agosto del año 2022, uno de los abogados del funcionario aclaró que en la lista de informes financieros que encabeza Donald Guerrero, en la que se menciona su nombre, no tiene nada que ver con la institución que actualmente dirige, pues son expedientes llevados en su condición de abogado desde su oficina privada, y antes de asumir la función pública que hoy desempeña.
“Yo Mérido Torres, como abogado, recibí en el 2018 en mi oficina privada a los familiares del señor Moisés Reyes O Ben y estos me otorgaron un poder con el que iniciamos una demanda en justiprecio contra del Estado Dominicano por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), y a finales del 2019 logramos una sentencia que ordenó el pago a esa familia”.
