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Entidades socializan Propuesta Ley Uso Medios Digitales

Santo Domingo:-La Comisión de Agenda Legislativa de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), encabezada por el presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Luis Henry Molina Peña, se reunió este lunes con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que está conociendo la propuesta de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial. 

Esta iniciativa de ley tiene como propósito establecer los principios y lineamientos que permitan el uso de los medios digitales en el entorno judicial, sin afectar las normas procesales vigentes. 

Molina Peña estuvo acompañado por los jueces de la Suprema Corte de Justicia: magistrado Justiniano Montero Montero, juez de la Primera Sala y el magistrado Rafael Vásquez Goico, juez de la Tercera Sala. 

 Además, el secretario de la Suprema Corte de Justicia, César García Lucas; el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos, Javier Cabreja; la directora de Políticas Públicas, Rosaura Quiñones; el coordinador ejecutivo de Proyectos de Transformación, Moisés Jáquez y el abogado ayudante de la Presidencia del Poder Judicial, Wilmer Espinosa. 

Mientras que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Víctor Fadul, está integrada por los legisladores Alexis Jiménez, Emil Durán, Elías Wessin Chávez, Brenda Ogando, Danny Guzmán, Ignacio Aracena, Juan Dionicio Restituyo, Magda. Rodríguez Azcona, Tobías Crespo, Rogelio Genao, Dulce Quiñones, Santiago Vilorio, Amado Antonio Díaz y Rafaela Albuquerque. 

Al iniciar la reunión, el presidente de la SCJ aseguró que aprobar el proyecto de ley de uso de medios digitales responde a la necesidad de asegurar acceso y aprovechar ventajas de medios que se pusieron al alcance de abogadas, abogados y ciudadanos en general debido a la pandemia.

 “El hecho de que hoy podemos comprender mejor la Covid19 no debe echar atrás las posibilidades que alcanzamos, que ya habían sido proyectadas en la planificación estratégica del Poder Judicial. Cuidemos el avance logrado que merece la justicia y sus auxiliares internos y externos”. 

En tanto que el magistrado Montero Montero, explicó durante la presentación que esta propuesta responde a la necesidad indispensable de celeridad y economía procesal de toda actuación judicial. Y es que el proyecto de Ley de Uso de Medios Digítales en el PJ acoge principios cardinales como la celeridad, opcionalidad y estandarización de los servicios brindados por el Poder Judicial, bajo el compromiso constitucional configurado en el artículo 69 de la Carta magna. 

El proyecto está dividido en cinco capítulos, tendentes a habilitar las plataformas digitales en los servicios de administración de justicia, las notificaciones por medios digitales, la firma digital y las audiencias virtuales. 

Esto, contemplando los principios de eficiencia, eficacia y coordinación en la gestión judicial que invitan al uso de la tecnología como instrumento para facilitar la interacción entre el Poder Judicial y sus usuarios. 

El uso de los medios digitales brinda más opciones para los usuarios del sistema de administración de justicia: facilita el acceso, amplía la posibilidad de realizar trámites desde cualquier lugar y permite responder en menor tiempo las solicitudes. 

El fortalecimiento de la administración de justicia a través de los medios digitales implica herramientas y soluciones tecnológicas para hacer más ágil y segura la operación. 

Además, implica acceso público a datos en línea de todos los servicios de justicia y aporta a la transparencia en la Justicia, debido a la trazabilidad del curso de los casos, desde su entrada hasta finalizado el proceso. 

El Tribunal Constitucional dispuso, el pasado 14 de septiembre por medio de la sentencia TC/286/21, que los servicios judiciales virtuales debían ser regulados por ley, sin anular los procesos celebrados. 

En cumplimiento del orden constitucional dominicano y la sentencia antes señalada, el Poder Judicial optó por presentar la Propuesta de Ley de Uso de Medios Digitales para mantener los avances obtenidos en el sistema de justicia durante los últimos meses.