Un equipo de fiscales practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.
¿Quién es quién en este caso?
Juan Carlos Torres Robiou: es general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), donde duró siete años al frente de la entidad.
Su nombre figuró en el expediente del Operación Coral, y esta mención lo llevó a dejar el cargo, días después de que estallara el caso que encabeza Adan Cáceres, ex jefe de seguridad del ex presidente Danilo Medina.
En aquella ocasión, dijo estar dispuesto y disponible para dar su versión de los acontecimientos.
También señaló que si existieron irregularidades durante su gestión, como señaló el Ministerio Público, “no las vio”.
El Ministerio Público detalla en el expediente de la Operación Coral, que a la PGR le parece “en extremo sospechoso” el alquiler de un inmueble que hizo el general Torres Robiou.
Esta propiedad está ubicada
El Portillo, en la playa Las Terrenas, en Samaná, por la que el general pagaba presuntamente la suma mensual de 3,000 dólares.
Julio Camilo de los Santos Viola: Trabaja en el equipo de seguridad del expresidente Danilo Medina, y era allegado a Andan Cáceres.
De los Santos Viola, forma parte de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD). Mediante el decreto79-15, el entonces presidente Medina lo ascendió a general de brigada.
Boanerges Reyes Batista: Es general del Ejército de República Dominicana.
Dirigió el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet) en el segundo mandato presidencial de Danilo Medina, desde el 19 de agosto de 2016 hasta 2020.
En la solicitud de medida de coerción del caso Coral, la PGR señala que en un documento depositado por la pastora Rossy Guzmán (imputada y en prisión preventiva desde mayo), llamado "Declaraciones y Descargos sobre Acuerdo de Ejecución de Obra", el general es uno de los propietarios “reales” de los diez solares ubicados en el Residencial Colinas del Oeste, con un valor aproximado de RD$40 millones.
Franklin Antonio Mata Flores:
Militar en la Marina de Guerra Dominicana. En 2016 fue Director general de dragas, presas y balizamiento de la Armada de República Dominicana (ARD).
José Manuel Rosario Pirón: Agente de la Policía Nacional. También se le hace mención en el expediente del caso Coral.
Carlos
Augusto Lantigua Cruz:
coronel. Su nombre no figura en el expediente del caso Coral puesto en marcha en abril.
Miguel Ventura Pichardo: Es un coronel. Su residencia ubicada en el sector El Millón fue allanada desde las 9:00 la noche hasta la medianoche.
Otros apresados son los cabos Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y
César Félix Ramos Ovalle, quienes no figuran el caso Coral del mes de abril, fuente listindiario.com
Que arrestó a varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general, contra los que tiene pruebas contundentes de su participación en una red de corrupción administrativa desmantelada con la llamada Operación Coral 5G.
El general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), forma parte de los arrestados, así como el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
La Operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.
Al igual que las otras operaciones, Coral 5G se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito.
Un equipo de fiscales practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.
Los operativos son encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En cuanto al expediente ya judicializado que se desprendió de la Operación Coral, y que precede a la etapa procesal abierta con la Coral 5G, el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer, el 10 de mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora)
Así como también del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Los imputados, arrestados a partir del inicio de la Operación Coral, el sábado 24 de abril de 2021, guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.
En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.
El 8 de agosto el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el pasado viernes 12 esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado.
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina.
Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
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