Aunque todavía se está a la espera de un levantamiento nacional sobre la cantidad de tierra que queda disponible, ese porcentaje es mucho menor, debido a la “constante y preocupante” ocupación de esos suelos para desarrollos urbanos.
“El problema de la ocupación urbana en suelo de vocación agropecuaria es grave en el país, fundamentalmente en el Cibao Central, Bonao, Villa Altagracia y San Juan, donde tenemos los mejores suelos de vocación agrícola”, dice Bolívar Troncoso, director del Instituto Geográfico Nacional.
En su mayoría, las tierras de clase uno se concentran en Santiago, La Vega, Hermanas Mirabal, San Francisco de Macorís y Espaillat, pero esas ciudades están desplazando hacia esas zonas los proyectos de urbanización.
“La cartografía nos demuestra una invasión expansiva incontrolable hacia esos suelos de categoría 1, 2 y 3 y eso es fundamental”, insiste Troncoso, que explica que los porcentajes referidos, se establecieron en 1917 y se han ido actualizando, pero que es mucho menor en la actualidad debido a la invasión urbana.
Aún están en el proceso de determinar el dato exacto, pero en los próximos días podrían dar a conocer los resultados de un estudio cartográfico focalizado en Espaillat, donde –advierte- la situación es muy preocupante.
Los funcionarios advirtieron sobre los riesgos para el país de continuar con el uso indebido de los predios agrícolas, el que se hace posible debido a la falta de regulación, sostienen.
El principal peligro a enumerar es perder la sostenibilidad alimentaria, pérdida de capacidad de exportación y un incremento de los flujos migratorios de las zonas rurales a las urbanas, contribuyendo así a un mayor hacinamiento en las ciudades, comenta Domingo Matías.
Insiste en la necesidad de que “los gobiernos locales establezcan normativas para poner los limites urbanos y que el crecimiento sea regulado para proteger los suelos agrícolas”.
Así piensan discutirlo la próxima semana con los representantes de los municipios de varias provincias del Cibao, sobre todo La Vega y Espaillat, a los fines de concienciar sobre la necesidad de definir los suelos urbanos y los no urbanos.
Por años, sectores de República Dominicana han demandado de una ley de ordenamiento territorial que, pese a su necesidad, no logra aprobación en el Congreso Nacional, donde ha estado por casi 20 años.
La falta de ese marco jurídico ha sido el principal factor de la crítica situación que vive el país, donde, conforme admite el alcalde Cruz, se aprueban proyectos con “motivaciones y cabildeos” y donde nadie ve un residencial como un peligro para la comunidad, sino como un desarrollo, aunque amenace la productividad agrícola.
Blindar los suelos agrícolas
Como alcalde de La Vega, Kelvin Cruz ha sido testigo de las decenas de solicitudes de proyectos que llegan hasta su municipio y por eso insiste en la necesidad de concienciar a todos los funcionarios municipales. “No podemos esperar que estén listos los planes de ordenamiento territorial para decir que lo vamos a incluir.
No, la Constitución y la misma Ley 176-07 faculta a los gobiernos locales, nos faculta para regular los territorios, el uso de suelo y sus límites y vamos a trabajar para que en todo el país haya una protección, un blindaje de los territorios de vocación agrícola”.
Afirmando que en la actualidad existe una voluntad desde el Presidente de la República para aprobar la ley de ordenamiento, su plan de orientación sería una especie de preparación para cuando se pruebe la legislación.
Por Tania Molina/diariolibre.com
