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¿Qué pasará con 4,600 empleados de OISOE, Despacho, CEA y Fonper?

Santo Domingo. Al ministro de Administración Publica, Darío Castillo Lugo, lo corrigieron por ser tan mesurado al hablar de la cantidad de “botellas” que hay en el Gobierno. Resulta que en una de sus primeras entrevistas, al asumir el cargo, dijo que cerca del 40% de los empleados públicos de algunos ministerios cobran sin trabajar. Pero, ya en Palacio Nacional, en una reunión con sus colegas funcionarios, estos le comentaron: “te quedaste corto, son más. Allá en mi institución, son más”. 

Este Gobierno se ha embarcado en ejecutar una reestructuración institucional que busca eliminar instituciones duplicadas y, consecuentemente, reducir las nóminas estatales de tal forma que los que no trabajen dejen de cobrar, y los que sí trabajen puedan ser reubicados. El COVID-19, complica la estrategia. “Tirar gente a la calle ahora es una barbaridad, pero lamentablemente el país está en una situación económica crítica…”, agrega el ministro. 

La medida, de hecho, pretende ubicar fondos e inyectarlos a la lucha contra la pandemia. Y aunque el presidente Luis Abinader ha prometido que de las instituciones que desaparecerán sacarán fondos para invertirlos en salud antes de diciembre, en la práctica el proceso no parece tan rápido, mucho menos simple. Solamente conformar una “comisión de liquidación” que se dedicará a diseñar este proceso puede tomar hasta dos meses, es decir, hasta el 31 de octubre. 

Según informa acento.com luego, iniciarán el trabajo con cuatro instituciones que juntas tienen 4,600 empleados: el Consejo Estatal del Azúcar (2,760 empleados), el Despacho de la Primera Dama (1,038), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (649) y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (154). También suman todas un presupuesto asignado para este año de 14,944 millones de pesos. “La idea es que los presupuestos que estaban asignados a esos organismos despacho Primera Dama, OISOE, no vayan al presupuesto del 2121 sino que se eliminen. Pero te digo, es un proceso. Hay que esperar que esas comisiones de liquidación se conformen, para hacer en lo que resta de este año el proceso y arrancar el 2121 ya con ese problema resuelto”, adelanta Castillo. 

Quedan cuatro meses para lograrlo, cuando ni siquiera la comisión está completa. Si bien OISOE, CEA, Fonper y Despacho fueron las primeras entidades de la que hablo el presidente que eliminaría o reestructuraría, el Gobierno solo ha oficializado mediante decreto la disolución del Despacho. 

Las demás instituciones previstas a desaparecer mantienen el ritmo de trabajo de costumbre: mucha gente que entra y sale de oficinas. Lo que pasa en los pasillos del Consejo Nacional del Azúcar (CEA) sirven de ejemplo. En sus primeras semanas de trabajo, el CEA está sumergida entre la llegada de nuevos empleados y el análisis de viejos puestos. Creada en la década de los 60 y con más de 2,760 empleados distribuidos en seis nóminas, CEA será fusionada con la Dirección General de Bienes Nacionales, una institución más pequeña en presupuesto y nómina. 

La fusión se hará bajo la dirección de Cesar Cedeño. “En este departamento (de Comunicación) se está haciendo un levantamiento de cuáles empleados necesita y cuáles no. Cuáles llenan los perfiles y cuáles no, cuáles vienen a trabajar y cuáles no”, explica el director comunicación de la fusión del CEA y Bienes Nacionales, Ulises Jiménez, medida que también se está llevando en los demás departamentos de esta institución. 

 En la oficina principal de CEA, ubicada en el Centro de los Héroes, y donde trabajan 1,888 empleados, se ha instalado la oficina de Cedeño, lo que deja entender que esta edificación de cinco pisos con un anexo de seis, será la sede de Bienes Nacionales, donde trabajan otros 1,026 empleados. Así, solo en materia de trabajadores, se están analizando los cargos de casi 3,000 personas. 

Por un lado, el CEA tiene un presupuesto de RD$1,820 millones y por el otro, Bienes Nacionales tiene 892,7 millones. Al mismo tiempo se les suman los compañeros de partido que han llegado. “No te puedo decir (un número), porque son muchos. Acuérdate de que hay un cambio de partido. 

De Gobierno y de partido”, dice el vocero, que está en la lista de los nuevos. Con el decreto 368-20, el Despacho de la Primera Dama fue diluido, el Centro de Atención Integran para la para la Discapacidad (CAID) que administraba pasó al Ministerio de Salud Pública y también, se creó una comisión evaluadora para reasignar los programas y fondos del Despacho. 

Sobre este proceso, el ministro de Administración Pública explicó que ya un equipo técnico de su institución ha dado seguimiento a este traspaso. “Para administrar y manejar esos programas y que continúe ofreciendo ese servicio, se requiere un personal y qué mejor personal que el que lo maneja, entonces parte del personal pasará automáticamente a la nómina (de Salud Pública), aclaró Darío Castillo. 

Esta medida será extendida a las otras instituciones: muchos serán reubicados con funciones similares, otros serán liquidados y otros más serán cancelados sin ninguna remuneración, no sin antes, promete el ministro, revisar la situación de cada persona: “El que estaba ahí en nómina solo, sin trabajar se desvincula y la ley dice que no le corresponde ninguna indemnización porque no trabaja. 

Pero hay otros que sí trabajan, que van todos los días a su trabajo, entonces hay que revisar que le corresponde una indemnización y cuanto le corresponde”, dijo Darío Castillo

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