No existen dudas sobre la buena intención de mejorar el debate político por medio de la penalización de la difamación y la injuria en las campañas electorales, pero el remedio puede salir peor que la enfermedad.
Se trata, sobre todo, de evitar las acusaciones que se esconden detrás de los mensajes de internet sin remitente conocido, usando todos los artilugios de la red para esconder al creador y el origen del mensaje.
Lamentablemente, el resultado de esta acción penal será limitar el debate político que debe ser intenso y sin cortapisas y, no lo quiera Dios, establecer un mecanismo de censura previa que debilite la libertad de expresión en el país.
Desde ya, diversos grupos de la sociedad civil han expresado su preocupación por esta disposición que solo beneficia a los que tienen algo que ocultar. Algunos de los principales beneficiarios de esa medida serían funcionarios, antiguos o actuales, que deben estar bajo el escrutinio público.
Ojalá nuestros legisladores pensaran mejor sobre la importancia de un vigoroso debate electoral y lo que envuelve. Diario Libre Digital.
