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¿Hay que regular las encuestas?

Por Luis García
Desde ahora y hasta la celebración de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales previstas para los meses de febrero y mayo del año 2020 en el país, las encuestas sociopolíticas jugarán un rol preponderante en la álgida lucha que se estará librando por la hegemonía del poder político. 


Durante este período, la sociedad dominicana recorrerá el camino de la “guerra de encuestas”, que tendrá como centro de atención a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), organizaciones políticas que también sentirán fuertes sacudidas internas por luchas descarnadas entre nuevos y viejos liderazgos. 

En la práctica política dominicana, las miradas acerca de las encuestas han sido diversas, incluyendo las que las ausculta como instrumento de disuasión y manipulación para el mantenimiento del “establishment”, facilitando que la continuidad de las élites dominantes desde la instauración de la democracia en el año 1962, con el triunfo del profesor Juan Bosch en las elecciones presidenciales de ese año. 

Históricamente las encuestas se han basado en el supuesto de que las sociedades tienen algo que puede llamarse opinión pública y que ellas, a través de instrumentos de medición, permitirán acceder a este objeto, bajo la promesa de acercar a la democracia a una masa invisible de ciudadanos y ciudadanas que se vería en ellas representada. 

Se presentan, en este sentido, como mecanismos funcionales a la democracia y una forma indirecta de evaluación de las distintas coyunturas políticas. 

No obstante, esta argumentación desde hace cerca de cinco décadas que ha sido objeto de serias críticas, cuando el visionario sociólogo francés Pierre Bourdieu, entre otros, deja establecido su escepticismo ante la idea de que todos los individuos pudieran tener una opinión que valiera lo mismo. 

No hay que olvidar que para este pensador, el poder radica en la lucha que se genera tanto entre clases, individuos, ideologías, para conservar el mismo y acrecentar algún capital. 


En el caso de la República Dominicana de la segunda década del siglo XXI, es casi seguro que en sectores de opinión pública resurgirá la idea de la regulación de las encuestas, al menos durante los procesos electorales Y esto lo harían sobre la base de que se impone garantizar que los datos e informaciones de los sondeos y encuestas publicadas sean ciertas y no contengan ningún tipo de falsificación, ocultación o modificación deliberada. 

Sin embargo, en la mayoría de los países considerados referentes democráticos, como el caso de los Estados Unidos, no existen regulaciones algunas en ese sentido, y sus ciudadanos y ciudadanas solamente las utilizan de fuentes de información. 

La dominicana es una de las sociedades más politizadas de América Latina, y los electores, generalmente, están bien definidos respecto a una agrupación política determinada, sobre todo en lo referente a la Presidencia de la República, por lo que la “guerra de encuestas” no tendría en ellos una influencia determinante. 

Quizás lo que podría pedirse a las firmas encuestadoras es que los datos publicados se correspondan con la realidad auscultada y fundamentados en criterios éticos. 

La pretensión de regulación de la publicación de encuestas no se corresponde hoy en día con las aspiraciones y expectativas de una sociedad que se considere plenamente democrática.

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