El DR-CAFTA- (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, es un tratado que busca la creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes. Hace permanente los beneficios para el 80% de productos centroamericanos que brinda la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), abarcando un volumen comercial de treinta mil millones de dólares.
bohechiodigital@gmail.com...11/5/2014-----A diez años de la firma del acuerdo, siete años de su puesta en marcha y a ley de un año para el desmonte arancelario de mayor impacto para la industria nacional, conviene repasar qué se esperaba de este acuerdo, y qué hemos hecho como país para adaptarnos a las nuevas reglas que imponía.
En primer lugar, para evaluar el impacto de un Tratado como el DR-CAFTA, hay que tomar en cuenta las expectativas al momento de su negociación y firma, tanto como su desempeño en el tiempo.
¿Qué se esperaba del DR-CAFTA?
La República Dominicana llegó tarde a la mesa de negociaciones. Ya Centroamérica y los Estados Unidos habían definido contenido, mesas de negociación y calendario. A pesar del esfuerzo de insertarse al proceso, República Dominicana únicamente fue admitida a negociar por separado con los Estados Unidos, luego de concluir el proceso centroamericano, con la promesa estadounidense de hacer llegar al Congreso al mismo tiempo los textos fusionados, para que el Acuerdo fuera concertado entre siete países, en lugar de seis.
La razón por la cual el país se abocó a una negociación acelerada no era abrir nuevos mercados a la producción nacional, sino preservar el acceso a mercado privilegiado de las zonas francas, las cuales, sin igualdad de condiciones con los países de Centroamérica, vaticinaban una pérdida de inversiones.
Otras consideraciones, una vez constatados los textos del Acuerdo, despertaron una suerte de ilusión en relación a la presión institucional que suponían.
Las previsiones del Acuerdo obligaban a la transparencia, al establecimiento de procedimientos claros, expeditos y favorables al ciudadano; incluyendo el compromiso de adoptar medidas anti-corrupción y para la eliminación del soborno (Sección B, Capitulo 18 sobre Transparencia).
Se discutió la importancia de forzar el despertar del aparato productivo, para que aprendiera a competir y a exportar. Se priorizó resguardar con plazos aquellos bienes en los que existía industria nacional y la producción agropecuaria, pero el Acuerdo no estipulaba productos excluidos. Todos, inexorablemente, entrarían en libre comercio en veinte años.
El acuerdo se firmó entre los siete países (Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana) el 5 de agosto del año 2004. Debía entrar en vigor cuando el Congreso de los Estados Unidos y uno cualquiera de los demás países lo ratificara.
En el proceso de ratificación de los Estados Unidos se introdujo un requerimiento adicional: que se certificara antes de la puesta en marcha que cada uno de los países había dispuesto mecanismos para asegurar la implementación del contenido del Acuerdo.
Esa certificación, en el caso dominicano, llegó en marzo del 2007.
Entre agosto del 2004 y marzo del 2007, lejos de estar de brazos cruzados, se impulsaron una serie de iniciativas dentro de las que se destaca la presentación de un Plan Nacional de Competitividad Sistémica (marzo 2007), en cuya elaboración participaron de forma activa representantes de la industria, turismo, agropecuaria, entre otros.
Este Plan justamente tomaba como premisa que la apertura comercial no es una política de desarrollo, y por tanto debía acompañarse de políticas activas que estimularan la competitividad, las exportaciones, dotaran de herramientas y facilidades a los sectores productivos y mejoraran las previsiones institucionales para la defensa de la competencia y de los mercados.
De allí salieron iniciativas legislativas, como la Ley de Competitividad e Innovación Industrial, la Ley General de Sociedades Comerciales, la creación de una Red Nacional de Transporte Terrestre; otras quedaron en el tintero (Ley de Aduanas, Ley de Reestructuración Mercantil) y otras promulgadas, no han sido del todo implementadas (Ley General de Defensa de la Competencia).
Más aún, disposiciones adoptadas para impulsar el aparato productivo nacional y modernizarlo fueron suspendidas por coyunturas económicas en las que lo urgente primó sobre lo importante.
El fallo no puede ser atribuido al Acuerdo que motorizó las transformaciones, sino a la débil institucionalidad y voluntad política para llevarlas a cabo.
Por tanto, cabe cualquier cosa menos sorpresa ante el paso del tiempo y el cumplimiento del calendario de desgravación por todos conocidos desde el año 2004. Que a 10 años del DR-CAFTA estemos asistiendo a pronunciamientos de alarma ante lo que lleva diez años escrito, dice más de nuestra propia incapacidad que del texto ratificado.
Por eso conviene, aunque sea para salvar la cara, reconocer todo lo que se ha hecho en nombre del DR-CAFTA en este período.
Primero, destacar la indiscutible mejora de los procesos productivos, apuesta por la calidad y proyectos de asociatividad que lidera el sector empresarial y específicamente agro-industrial dominicano.
Hoy se explotan nuevos rubros agrícolas, se ha ampliado la producción bajo sistemas controlados para la exportación, y se han identificado rentables nichos de mercado.
Hemos diversificado los mercados de exportación, incrementándose las relaciones con el Caribe y reduciendo la dependencia del mercado estadounidense.
A nivel de gobierno, se mejoró la gestión tributaria, tanto a nivel de las aduanas como de impuestos internos, se aprobó una ley de compras y contrataciones públicas, se habla de innovación, de competitividad y de exportaciones nuevamente. Finalmente se habla de calidad, del consumidor y de la competencia.
El eterno reclamo de contar con una visión país y con una estrategia clara que sentara las bases del desarrollo a largo plazo, se materializó en el año 2010 cuando se promulgó como ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Cierto que todos estos elementos deben ser previos al comercio exterior pero lamentablemente ya en pleno Siglo XXI era justo admitir que no iban a promoverse desde adentro. El DR-CAFTA fue el ruidoso despertador que nos sacó del letargo y puso fecha límite para cada actividad del plan de trabajo.
Bien hace el Congreso en llamar y pasar revista, pero como rendición de cuentas y también como reflexión y autocrítica: evaluar cuáles leyes dejaron sin promover, cuáles instituciones no están cumpliendo con su mandato, que ha pasado con la Estrategia Nacional de Desarrollo, cómo han asignado el presupuesto, atendiendo a qué prioridades y qué consciencia tienen sobre los siguientes plazos de los distintos calendarios que corren. Al DR-CAFTA le quedan 10 años más, pero también esta el EPA y las propuestas de nuevas negociaciones.
El proceso actual no debe llevarnos a más repentismo y demagogia. Seamos más serios y responsables al pasar balance y adoptar correctivos.
*Negociadora oficial. Diario libre.
