Esto tras once años en los tribunales. Sin embargo, las altas instancias de la Armada protegen al militar. Así lo estableció una investigación realizada por el equipo de Desclasificado con Addis Burgos.
El coronel Julio César Montero Encarnación es un militar activo adscrito a la Armada Dominicana. Mientras ejercía funciones de agente de la DNCD se le acusó de quitarle la vida a Gabriel Arcángel Medina Santana.
El hecho sucedió durante un operativo realizado en Jimaní el 27 de junio de 2011. Según testigos de la escena, el hombre apenas cruzó palabras con el militar, y protagonizó un tiroteo en medio de un allanamiento ilegal. Sin orden de un juez y sin la compañía de un fiscal.
Al vicealmirante general Ramón Gustavo Betances, comandante de la Armada Dominicana, se le notificó el 16 de mayo de 2022 de una orden de arresto.
Así lo establece Addis Burgos en una investigación presentada en CDN.
El oficial sería trasladado a la cárcel de Barahona a cumplir una sentencia de 8 años por homicidio voluntario. Pero, de acuerdo con la investigación, está siendo protegido por la Armada Dominicana manteniéndose aun en libertad, lo que provoca todo margen de fuga.
Antecedentes del caso
27 de junio del 2011, aproximadamente a las 11:45 de la mañana. Calle Núñez de Cáceres de Jimaní.
Un grupo de miembros de la DNCD llegaron arbitrariamente deteniendo personas.
Esto pese a que no había ninguna incautación ilegal y mucho menos una orden judicial. La acción era observada por más de 200 personas que estaban en la calle.
Gabriel Arcángel Medina Santana salió de la vivienda al ver herida a su suegra. La investigación señala que la víctima no realizó ninguna provocación ni irrespeto a los agentes. Diez testigos coinciden en que al hoy occiso solo se le escuchó decir “hablen, que eso se resuelve hablando”.
En ese momento, el agente Julio César Montero Encarnación, asignado a la DNCD, esperó que estuviera de espalda y le hizo un disparo.
Personas intentaron reaccionar, pero no les permitieron socorrer a la víctima. Por el contrario, continuaron más disparos hacia el grupo de personas que se encontraba en la calle.
Gabriel Arcángel Medina Santana, murió al día siguiente a causa de shock hipovolémico, fractura en la pelvis con hemorragia interna. Y laceración de la arteria producto de herida de arma de fuego.
Inicios de la batalla legal
Siete testigos, pruebas documentales y pruebas materiales.
Las pruebas incluyen 11 casquillos de arma larga M16 con tres cartuchos, 11 casquillos de fusil M16 disparados, y tres cartuchos calibre 12 disparados.
Así iniciaron la carrera judicial por esta muerte en Barahona.
La familia del occiso denuncia haber sido amedrentada durante todo el proceso con un gran aparataje policial y militar. Lo hacían bajo el argumento de que se presentaban a las audiencias gran número de comunitarios, pese a que destacan que era un apoyo pacífico.
Cuando parecía que el juicio avanzaba luego de una condena contra el militar en abril del 2013, continuó una apelación. Se ordenó un nuevo juicio que, según la Suprema Corte de Justicia (SCJ), pasaría a la jurisdicción de San Juan de la Maguana.
En San Juan de la Maguana, pasaron casi dos años más para que el colegiado de la cámara penal conociera desde cero un juicio de fondo.
La sentencia 34-15 del 12 de febrero del 2015 devolvió la moral a la familia con una condena.
Aunque esta vez disminuida a 8 años de prisión. La carrera parecía interminable. La sentencia fue recurrida. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia casó la sentencia y ordena que la misma corte, con nuevos jueces, examine el expediente.
Un nuevo juicio en la cámara penal de la corte de apelación el 19 de julio del 2018 emitió la sentencia 102-2018 que confirma la condena contra el militar, lo que nuevamente fue a pisar el suelo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El 27 de marzo del 2019 se dieron por enterados de la decisión por la que aguardaron más de una década.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mediante la sentencia 73-2019 confirmaba la condena contra el militar Montero Encarnación.
El sargento Julio César Montero Encarnación premiado por el crimen.
De acuerdo con la investigación presentada por Addis Burgos, mientras era sujeto de un juicio, el sargento Julio César Montero Encarnación consiguió siete ascensos.
Una hazaña que solo es posible con padrinos de alto nivel y en franca violación a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas.
En diez años pasó los rangos de sargento, segundo teniente, primer teniente, capitán, mayor, teniente coronel y coronel, violando los plazos establecidos por la ley. Y consiguiendo en tiempo record lo que según las normas debió tomar 24 años para un militar de carrera.
La ley de las Fuerzas Armadas prohíbe ascensos a militares sometidos a la justicia
No podrá ser ascendido ningún miembro de las Fuerzas Armadas que se halle sometido a juicio militar o que se encuentre a disposición de la justicia ordinaria.
La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Artículo 108.
Otros aspectos en los que notablemente fue violada la ley es el tiempo para un ascenso. El artículo 112 establece por rango el tiempo requisito para un ascenso.
Como sargento en la Armada Dominicana el tiempo para un ascenso es de 4 años. Como segundo teniente debe cumplir 3 años. Y 3 más como primer teniente.
La ley condiciona 4 años como capitán para ser idóneo y 3 como mayor. Para pasar de mayor a teniente coronel debió permanecer en el rango 3 años más y otros cuatro para convertirse en coronel.
A espera de que sea ejecutada la orden de arresto
La procuradora de la Corte de Apelación de Barahona firma una orden de arresto con fecha del 20 de abril de 2022. Pero en una resistencia a la justicia el órgano de seguridad nacional evidencia hasta el último momento de este caso su protección al militar.
Hasta el día de hoy ha desacatado la orden de detención contra el sargento Julio César Montero Encarnación. Una respuesta que ha aumenta el dolor de los familiares y ha dejado desmoralizada a una familia que durante once años dedicó todos sus recursos y esperanzas a la búsqueda de la justicia.
