Por Carol Martinez
Santo Domingo:-La República Dominicana vive en la actualidad sobre un barril de pólvora que amenaza con hacer colapsar sus posibilidades crediticias locales e internacionales, así como su desarrollo socioeconómico, líneas transversales orientadas a producir la mayor cantidad de riquezas posibles para ser destinadas a la satisfacción de las necesidades del país.
La razón de la situación más arriba descrita ha sido provocada por la falta de cumplimiento de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), en su rol de control externo, fiscalización de los recursos públicos, así como de reglamentación, supervisión y vigilancia de los procesos administrativos, lo que ha generado un agudo debilitamiento de la economía, afectada de forma sensible por la corrupción administrativa.
De forma adicional, la incapacidad gerencial y la falta de credibilidad de los actuales miembros que dirigen el Pleno de la CCRD, ha conducido a esa importante institución de control, a acumular una elevada mora de fiscalización, que pone en grave peligro la buena marcha de la economía y las condiciones de vida de la población dominicana.
Todo lo expresado en los párrafos anteriores evidencia que para recuperar la credibilidad y la estabilidad de la CCRD, se hace impostergable el relanzamiento del Programa de Modernización, diseñado e implementado con rotundo éxito durante el período de gestión, 2002-2006.
Además, en su rol de rectora de los procesos administrativo, la CCRD, debe a la mayor brevedad posible reglamentar varios procedimientos contemplados por leyes adjetivas, como son: 1- El Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Ley 10-04; 2- Las Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos de la Ley 311-14.
De la misma forma, debe la CCRD, reglamentar: 1- La Auditoria a cargo de las entidades representativas de la sociedad civil contemplada en la Constitución de la República y la Ley 10-04; y, 2- Reglamentar de forma especial La Ley 340-06 de Compra y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, sin afectar sus reglamentos 350-17 y 36-21.
Igualmente, el nuevo Pleno de la CCRD, debe:
1- Ejecutar a breve término el mayor número de auditorías de las entidades públicas que en los últimos 4 años han recibido mayor cantidad de fondos públicos;
2- Contratar una cantidad importante de nuevos auditores;
3- Diseñar y ejecutar un programa de capacitación permanente para auditores y personal administrativo; y, 3-Aperturar nuevas oficinas regionales de la entidad.
