¿De qué vale obligar a los funcionarios a entregar declaraciones juradas de bienes, al entrar y al salir de la administración pública, si no existe un organismo que investigue y realice un estudio de las razones de los movimientos de fortunas entre los funcionarios públicos que llenan este documento?.
La Ley de Declaración Jurada de Bienes ha sido cambiada en varias ocasiones, siempre para perfeccionarla, fortalecerla. Sin embargo, no parece lógico ni plausible que se haga tanto esfuerzo para conseguir que los funcionarios cumplan con este mandato, si al final el propósito de la declaración es archivarla.
Hasta ahora, el único papel de indagatoria o de cuestionamientos lo juegan los medios de comunicación. Que publican los montos de las declaraciones de bienes de los funcionarios, y comparan las subidas y bajadas de las fortunas de algunos funcionarios.
La Cámara de Cuentas, el organismo que tiene la responsabilidad del resguardo de esos documentos, no hace nada con ellos. No tiene una unidad de investigación, que compare por ejemplo las declaraciones de bienes con las declaraciones de impuestos, y la correspondencia entre una cosa y otra.
Habría que saber cuál es el parámetro que utilizan los funcionarios públicos al declarar sus bienes para valorar las propiedades inmobiliarias, por ejemplo.
¿Buscan tasadores?
¿Al colocar el valor de sus inmuebles lo hacen con un documento firmado por un tasador reconocido? ¿O valoran al ojo sus propiedades? ¿Las declaraciones que se hacen tienen un criterio sobre la comunidad de bienes de los declarantes y sus conjugues?.
Es la Cámara de Cuentas la entidad responsable de recibir las declaraciones de los funcionarios salientes, tomar esos documentos, investigar su certidumbre, la documentación en que se soporta, y posteriormente llamar a los que entregaron los documentos para someterlos a cuestionamientos sobre lo que han valorado y declarado.
Algunos tienen que ser enviados al Ministerio Público, para que complete la investigación, porque dejan dudas sobre la licitud de los bienes aumentados en su patrimonio.
Alguien tiene que hacer notar esa tremenda burla al país, que todas las declaraciones de bienes se archiven y duerman el sueño eterno, hasta que llegue el período de cambiar autoridades, y otros entreguen nuevos documentos que nadie investigará.
Las fortunas que han declarado algunos merecen ser analizadas con el apoyo de la DGII. Otras tienen que ser tasadas nuevamente, porque las alteraciones son el elemento más común en los declarantes. Y la impresión que están dejando las autoridades de la Cámara de Cuentas es que este país es un relajo, y que la institucionalidad es para mofarse de ella. No puede ser. Editorial acento.com
