Extremismo ambiental

Por Luis García
Desde que se anunció la posibilidad de que la mina de oro ubicada en la provincia San Juan, pudiera ser explotada, se ha desatado un escarceo mediático ante los posibles daños ambientales, aun pendientes de comprobación científica, que la operación conllevaría en perjuicio de esa empobrecida demarcación del sur del país. 

Protestas ambientales, con debates incluidos, no son nuevas en la República Dominicana del siglo XXI. Las tuvimos cuando las pretensiones de instalar una cementera en Gonzalo, zona de amortiguamiento del Parque Nacional Los Haitises, y más recientemente, en loma Miranda, en procura de evitar la explotación minera en el referido lugar de la provincia Monseñor Nouel. 

La cementera fue instalada en Gautier, San Pedro de Macorís, con una inversión de US$80 millones, donde genera empleos y riquezas. 

En el caso del proyecto minero Romero, concesionado a la multinacional Gold Quest, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, pero pendiente de la licencia ambiental que expide el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aun está por determinarse con exactitud cuál sería la magnitud del impacto ambiental si se pusiera en marcha. 

Entre los doxarios, es decir, los opinadores, los hay de diferentes niveles, algunos con escuela para hacerlo, y otros, los más, carecen de los conocimientos mínimos acerca de la cuestión ambiental, pero que aprovechan el momento y se han montado en olas mediáticas coyunturales, colándose los considerados ecologistas extremos. 

El principal rasgo distintivo de las posiciones ambientalistas extremas consiste en la negación radical de cualquier cálculo de costo-beneficio en actividades con impacto en el medioambiente, por una falta total de disposición a ofrecer alternativas y una dosis de hipocresía. 

 Se oponen a toda actividad de minería, a las exploraciones para encontrar petróleo o carbón, a la energía hidráulica, alegando el impacto de las represas; a la eólica, debido a que los molinos de viento interrumpen el paso de las aves migratorias; a la nuclear, por los riesgos de contaminación radiactiva, y a los biocombustibles, porque compiten por la tierra con los alimentos. 

 Habría que preguntarse, ¿los recursos naturales están para adornar la tierra? La respuesta debería ser negativa. No tengo vínculo con mineras, por lo que puedo formular la interrogante, ¿qué sería de la economía dominicana si le excluyésemos el aporte del sector minero?.

La propia Constitución de la República establece en su artículo 17 lo siguiente: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general, los recursos naturales no renovables, solo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles…”. 



Somos una nación pobre que demanda del aprovechamiento racional de sus recursos, a fin de contribuir a la reducción de la pobreza, que es la mayor fuente de contaminación. Ozama e Isabela constituyen dos de los acuíferos más contaminados del país, ambos abrazados por una larga hilera de pobres. 

Hay que dejarse de hipocresía. Vamos a aprovechar racionalmente nuestros recursos naturales siempre y cuando sea factible, exigiendo a las compañías mineras la utilización de tecnología de punta en su explotación para asegurarnos en menor impacto ambiental posible. 

Dejemos de lado la hipocresía y la politiquería. Vamos a lo científico para determinar si es factible o no la extracción del oro de San Juan.

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