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¡Que la Odebrecht pague por sus trapacerías!

Si la Odebrecht ha convenido en pagar multas por un monto de 3,500 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil para suavizar las penas que le cabrían por sus maniobras corruptas al dar sobornos a cambio de la adjudicación de obras, la República Dominicana también debe exigirle una justa reparación frente a semejantes trapacerías que se cometieron en nuestro país. 


 De acuerdo con las revelaciones que han salido a relucir en las investigaciones hechas por la justicia de los tres países, por cada 100 dólares que el Estado dominicano le pagó por diferentes obras realizadas desde el 2001 hasta el 2014, los sobornados dominicanos se embolsillaron 56 dólares, el porcentaje más alto de las coimas que Odebrecht distribuyó en doce países en ese período. 

De ello se colige que para poder desembolsar entre los cómplices del entramado corrupto más de la mitad del monto de la obra licitada, estas debieron haber sido sobrevaluadas, en un contubernio entre las partes, para que la empresa brasileña ganara en vez de perder. 

 Si así fue el esquema de sus operaciones en el país, habría que convenir que culpables de esa sangría de recursos a la que se sometió el Estado fueron tanto los funcionarios de esa empresa como los funcionarios o testaferros dominicanos que se prestaron para abultar presupuestos, en un maridaje secreto y perverso que debe ser esclarecido y penalizado. 

 La Odebrecht admitió ante las autoridades de Estados Unidos, y lo sabe la Procuraduría, que distribuyó aquí 9 2millones de dólares en coimas. 

 A la hora de exigir las justas reparaciones, esa misma suma, más la diferencia que resultase de las sobrevaluaciones intencionales, son las que debería reclamarle el Estado dominicano, y toda la sociedad, que es al fi nal la que paga todos los platos rotos de estas trapacerías. 

Estamos en presencia de una confesión a la que no pudo rehuir la empresa como alternativa para evitar que las sanciones pecuniarias de los Estados Unidos, Brasil y Suiza fueran mayores. Al aceptar pagar las multas en esos países, también cabe lo mismo para República Dominicana, siempre que se comprueben las operaciones corruptas que la propia Procuraduría General de la República dice que tiene bajo investigación. 

 El caso adquiere una connotación de escándalo mayúsculo porque desvela las perniciosas prácticas de las “comisiones” que median en las concesiones de obras públicas, fuentes de enriquecimiento ilícito y vergonzoso en un país que a menudo limita las respuestas concretas al problema de la pobreza mientras los oportunistas se llevan el erario hasta en las suelas de sus zapatos. Listín diario. 12/01/2017.

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