bohechiodigital@gmail.com....En la capital tras haber realizado ayer miércoles las vistas públicas sobre los artículos que penalizan la difamación e injuria contemplados en el proyecto de modificación al Código Penal, la Comisión de Justicia que tiene a su cargo el estudio anunció que analizará las propuestas realizadas por personalidades y representantes de varias entidades.
En la actividad participaron representantes de la Sociedad Internamericana de Prensa, el Centro para la Libertad de Prensa de la República Dominicana, el Observatorio para la Libertad de Expresión, el Colegio de Periodistas Dominicanos (CPD), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, garantizó que no perecerá el derecho que tiene cada ciudadano a expresarse libremente en el país y que el estudio sobre el tema para la modificación a los artículos del 191 al 195 sobre difamación e injuria se desarrollará de manera abierta y sin apresurar los debates.
Las propuestas
Rafael Molina Morillo, director del periódico EL DÍA, en representación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), del Centro para la Libertad de Expresión en la República Dominicana expresó su “honda preocupación por la presencia en el citado proyecto de disposiciones que, de ser aceptadas, significarán un vergonzoso retroceso en el camino hacia una plena democracia en nuestro país”.
Le solicitó a la Cámara de Diputados eliminar todo lo que implique prisión como penalidad. Además, someter a discusión el anteproyecto de ley que se elaboró para sustituir la Ley sobre difusión y expresión del pensamiento (Ley 6132), por encargo del expresidente Leonel Fernández, que estuvo a cargo de una comisión de expertos.
El director del “Listín Diario” y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, Miguel Franjul, manifestó que esta es una gran oportunidad que tienen los diputados para corregir las distorsiones entre la Ley de expresión y difución del pensamiento con lo establecido en el Código Penal.
Mientras que Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), planteó la necesidad de modificar el Código, “revisarlo sin ningún tipo de pasiones para que sea posible la despenalización de la difamación e injuria”.
Asimismo, planteó que sean eliminados del Código los artículo 191 y 193 y someter a discusión de nuevo el proyecto que estudia la Comisión de Justicia.
Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, reiteró su rechazo al proyecto, porque de ser aprobado chocaría con la Constitución.
Indicó que de ser aprobada la pieza como fue propuesta, representaría un retroceso para el país y un atentado contra la democracia.
“Nadie debe ser penalizado por criticar a funcionarios públicos, sería un retroceso a la sociedad y democracia”, agregó el gremialista.
Agregó que la penalización debe ser moral y civil.
Olivo de León, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) sugirió que se eliminara el artículo 91 del proyecto de ley.
José P. Monegro, subdirector del periódico El Día, explicó que el derecho a la libre expresión no es exclusivo de los periodistas, sino de todos los ciudadanos.
Aclaró que no se solicita eliminar las penas a la difamación e injuiria, sino que la misma se quede en el ámbito civil pues la prisión puede constituirse en un elemento coercitivo contra ese derecho fundamental.
De su lado, Namphí Rodríguez, abogado y miembro de la Comisión de Redacción de los Códigos de Comunicación elaborados por el Poder Ejecutivo, sugirió a la Cámara Baja que “se excluya la materia de difamación e injuria del Código, y se deje a la ley orgánica, al ámbito especial de la ley 6132.
Mientras que Trajano Potentini, de la Fundación Justicia y Transparencia, aseguró que el proyecto viola la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos al imponer un régimen de “lesa majestad, “ley mordaza” o “ley de desacato” al aumentar un año, tres de prisión, para sancionar la ofensa o supuesta deshonra que se pueda cometer contra un funcionario.
Rescatar anteproyectos
En la vista público se coincidió en rescatar los anteproyectos de leyes elaborados por una comisión especial que designó el entonces presidente Leonel Fernández.
A ese planteamiento se sumaron miembros de la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, quienes plantearon la posibilidad de iniciar contactos con quienes han trabajado el tema para unificar una propuesta.
La comisión elaboró cinco proyectos de leyes diferentes relativas a las diferentes áreas de la comunicación, incluyendo uno para modificar la ya obsoleta ley 6132 y mejorar la de libre acceso a la información pública.
El ambiente de discusión en el Congreso fue bastante cordial.
